Las naves de la política española, cual Armada Vencible versión siglo XXI, parecen estar en manos, muchas de ellas, demasiadas, de Capitanes Schettinos poco centrados en el timón que se traen entre manos.
Las noticias del disparatado déficit español han hecho saltar todas las alarmas y hemos pasado de alerta amarilla a alerta roja.
Subidas de impuestos, recortes en todas las partidas de gasto y reformas laborales, se muestran ya insuficientes antes casi de haber comenzado su andadura. O Europa destensa la cuerda para evitar el descalabro o nos pondrán la soga al cuello como a Grecia.
¿Cómo es posible haber llegado hasta aquí? Este guateque de gasto desmedido tiene muchos culpables: el gobierno de ZP, las CCAA, las entidades financieras, los Ayuntamientos y un largo etcétera de presuntos implicados; aquí hay carbón para todos.
Llegados a este punto de inflexión y de estrujamiento al ciudadano no basta con seguir parcheando y sacar dinero de debajo de las piedras y de los colchones de los contribuyentes.
Los ciudadanos exigimos responsabilidad a los que manejan la caja y una buena manera de hacerlo es establecer por ley unas responsabilidades para los que esquilmen el patrimonio común.
Una ley de objetivos de déficit o techo de gasto y unos parámetros que los políticos en puestos de responsabilidad tengan que cumplir constreñidos. No basta con no votar a ese político en las siguientes elecciones, no es suficiente como de manera evidente salta a la vista. Si un político que arruina a su CCAA por malgastar en inversiones faraónicas fuera inhabilitado para cargo público ya sería un primer paso y toque de atención para suavizar esta sangría.
Hay que profesionalizar la política española, en el sentido positivo del término, personas con oficio y beneficio, con vida previa y posterior a una carrera política, libres de ataduras a sillones de poder.
Siendo cualquier ciudadano de a pie responsable de sus actos ante la ley, no se puede seguir admitiendo que los que más trascendencia tienen con sus decisiones escurran sus bultos cual anguilas.
Si una empresa exige objetivos a sus directivos y prescinde de los que flagrantemente incumplen, ¿es disparatado aplicar algo semejante a la gestión política?
Una especie de carnet por puntos político en el que las infracciones sean castigadas finalmente con la pérdida definitiva del mismo. Suena a broma, soy consciente, pero creo que todos tenemos en mente a muchos Schettinos en cuya barca no querríamos ni dar una vuelta por el estanque del Retiro.